¿Quiénes somos?

Somos un organismo autónomo de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones locales con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos. El ejercicio de la función estatal del Instituto, se regirá por los principios de:

Certeza.-
Garantizar que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Imparcialidad.-
Reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditado a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

Independencia.-
En los procesos de deliberación y toma de decisiones, actuar con absoluta libertad y respondiendo única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

Legalidad.-
Garantizar que todas las acciones realizadas se lleven a cabo bajo el estricto cumplimiento de la ley.

Máxima Publicidad.-
La información y el actuar del Instituto, tienen el carácter de públicos, únicamente en los casos estrictamente señalados en la ley podrán hacerse reservas de las mismas, debiendo fundar y motivar la razón de dicha reserva.

Objetividad.-
Es el reconocimiento, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de opiniones o juicios de valor.

Profesionalización.-
Todos los actos deben ser realizados de manera eficiente, con completo conocimiento de la materia y con un alto sentido de responsabilidad.

Los fines del Instituto son:

I.
Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

II.
Promover, fomentar, preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos en el Estado;

III.
Asegurar a los ciudadanos el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza;

IV.
Coadyuvar con los poderes públicos estatales, para garantizar a los ciudadanos el acceso a los mecanismos de participación directa, en el proceso de toma de decisiones políticas;

V.
Fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y político-electoral, sustentada en el estado de derecho democrático;

VI.
Garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, para renovar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y a los Ayuntamientos;

VII.
Velar por el secreto, libertad, universalidad, autenticidad, igualdad y eficacia del sufragio, y

VIII.
Promover que los ciudadanos participen en las elecciones y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.